Ventanas / 27

Fotos robadas? Mejor, hurtadas.
Entendemos por fotos robadas aquéllas que se obtienen de personas que no han prestado su consentimiento para ser fotografiadas, aunque también se puede aplicar a edificios y obras de arte.
Con el fin de proteger el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, para tomar fotografías de personas en espacios públicos nuestra legislación exige su consentimiento, si bien puede entenderse otorgado de manera tácita con una simple mirada de aprobación.
En cuanto a las terceras personas que aparecen accidentalmente en nuestras imágenes, al no ser objeto principal del interés de la fotografía, no podrán invocar el mencionado derecho a la intimidad. Respecto a edificios y obras artísticas, tales como esculturas, situadas en lugares públicos, no existe limitación legal para tomar fotografías. Cuestión distinta se plantea en espacios cerrados, como museos, en cuyo supuesto hay que estar a lo establecido en cada caso.
Una vez tomada la fotografía de manera legal, nos topamos con la Ley Orgánica de Protección de datos, que excluye de su ámbito de aplicación los ficheros privados o domésticos. El problema se plantearía entonces en materia de difusión de las imágenes, que en principio debería contar con la autorización expresa de las personas fotografiadas, así como en el caso de determinadas propiedades captadas en ámbitos privados.
Nos topamos entonces con la Ley Orgánica que desarrolla el derecho a la intimidad, que establece excepciones para los supuestos de interés científico, histórico o cultural relevante, de tal manera que las fotografías dotadas de alguna de estas características podrían ser tomadas y difundidas sin limitación. Como por ejemplo en el caso de concursos, exposiciones de fotos antiguas, etc. Es evidente que el margen de discrecionalidad en la interpretación de esta norma es casi ilimitado. ¿Dónde comienza y termina ese interés relevante, bien sea en lo científico, histórico o cultural? Ponderar el equilibrio entre el interés artístico y el derecho a la intimidad es el gran reto y a la vez el gran quebradero de cabeza para el fotógrafo puntilloso que quiera actuar dentro de la legalidad o simplemente que tema las consecuencias legales de su actuación.
Semejante bombardeo normativo no resuelve las dudas que se nos plantean a los aficionados. En este momento, en que los ciudadanos estamos siendo grabados por cámaras de seguridad y controlados de múltiples formas, y en que las publicaciones de fotografías circulan de manera desmesurada, parece poco razonable y alejado de la realidad exigir autorización para la captura y difusión de cualquier imagen no incluida en las confusas excepciones de la norma. En mi opinión, si la foto se obtiene con una finalidad inocente, sin un rechazo expreso y no es vejatoria, no debería exigirse autorización ni para su toma ni para su publicación.
Y por otra parte no se aborda lo que constituye el problema de fondo: la utilización de las imágenes con una finalidad mercantil y sin la correspondiente autorización, práctica que en mi opinión sí debería ser perseguida de forma contumaz.
Siguiendo la lógica de nuestro Derecho Penal, que diferencia el robo del hurto dependiendo de que la sustracción se haya producido o no con violencia, intimidación o fuerza, parece excesivo llamar fotos robadas a las obtenidas por la inmensa mayoría de los aficionados, que solo pretendemos captar la frescura de lo espontáneo. Si acaso, se trataría de inocentes hurtos, merecedores de una completa absolución a partir del momento en que cualquier observador disfrute de sus muchas o pocas cualidades artísticas.